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Trump solicita inmunidad judicial para Delcy Rodríguez por la tortura de tres ciudadanos estadounidenses

Trump solicita inmunidad judicial para Delcy Rodríguez por la tortura de tres ciudadanos estadounidenses

La Administración de Donald Trump ha pedido al Departamento de Justicia que otorgue inmunidad a la presidenta interina de Venezuela mientras permanezca en el cargo, argumentando que goza de protección diplomática como «jefa en activo de un Estado extranjero».

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Isa es-tv

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El Gobierno de los Estados Unidos ha presentado una solicitud ante el Departamento de Justicia para que garantice inmunidad judicial a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en relación con un caso que involucra la tortura de tres ciudadanos estadounidenses en Caracas. La Casa Blanca ha justificado esta petición alegando que Rodríguez ostenta el estatus de «jefa en activo de un Estado extranjero» y, por tanto, estaría protegida por inmunidad diplomática mientras continúe ejerciendo el cargo.

La solicitud coincide con el momento en que la Administración Trump busca mejorar las relaciones diplomáticas con Venezuela y negocia cuestiones de seguridad e intereses estratégicos en la región. Este movimiento ha generado controversia, ya que pone en cuestión la responsabilidad de las autoridades venezolanas ante posibles violaciones graves de derechos humanos.

Tensión entre diplomacia y justicia

La petición de inmunidad representa una decisión delicada para la Administración Trump, que debe equilibrar sus objetivos diplomáticos con las demandas de justicia para las víctimas. El Departamento de Justicia tendrá que pronunciarse sobre si la inmunidad de jefe de Estado puede extenderse a supuestos delitos como la tortura, una práctica prohibida por el derecho internacional.

Los tres ciudadanos estadounidenses torturados denuncian haber sufrido malos tratos graves mientras estaban detenidos en instalaciones venezolanas. Sus casos han permanecido como un punto de fricción entre Washington y Caracas, aunque ahora la nueva estrategia del Ejecutivo estadounidense parece priorizar la apertura de canales de diálogo sobre el enjuiciamiento de responsables.

Implicaciones para el derecho internacional