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Tres familias denuncian al colegio San Jaime de Majadahonda por presuntos tratos degradantes a alumnos

Tres familias denuncian al colegio San Jaime de Majadahonda por presuntos tratos degradantes a alumnos

Las denuncias presentadas ante los juzgados acusan al centro educativo, su anterior director y a una docente de humillaciones, expulsiones y sanciones reiteradas. Una de las familias pide esclarecer si el trato recibido por su hijo fallecido guardó relación con su muerte.

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Isa es-tv

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Tres familias han presentado una denuncia formal ante los juzgados contra el colegio San Jaime de Majadahonda, su anterior director y una docente por presuntos tratos degradantes hacia sus hijos. Las acusaciones incluyen episodios de humillación, expulsiones y sanciones que, según los denunciantes, fueron reiteradas y afectaron significativamente a los menores durante su permanencia en el centro educativo.

Uno de los casos que ha motivado esta acción legal es especialmente grave: la familia de un menor fallecido ha solicitado explícitamente a los juzgados que se esclarezca si el trato recibido por el alumno durante su paso por el colegio pudo guardar alguna relación con su defunción. Esta petición añade una dimensión adicional de urgencia a la investigación judicial.

Las denuncias describen un patrón de conducta que, según los denunciantes, fue continuado y sistemático. Los presuntos vejaciones incluyen tanto actos públicos de humillación como medidas disciplinarias que las familias consideran desproporcionadas y susceptibles de causar daño psicológico a los menores afectados.

El colegio San Jaime, ubicado en Majadahonda, se enfrenta ahora a una investigación judicial que determinará la veracidad de los hechos alegados por las tres familias. El proceso requerirá examinar documentación del centro, testimonios de alumnos y personal del colegio, así como dictámenes periciales en el caso del menor fallecido.

Este caso pone nuevamente el foco en las prácticas disciplinarias y el ambiente escolar en algunos centros educativos. Las autoridades educativas y judiciales competentes deberán valorar si existieron fallos sistemáticos en la supervisión y gestión del trato a los menores, así como determinar la responsabilidad de las personas e instituciones implicadas.