Los prejubilados con 40 años cotizados presionan al Congreso para aprobar ya la ley que elimina el recorte de pensión
La asociación Asjubi40 reclama celeridad en la tramitación parlamentaria de la normativa que garantice el cobro íntegro de la prestación, sin excepciones para quienes hayan completado cuatro décadas de cotización, aunque se hayan jubilado voluntariamente.
Jorge es-tv
Los prejubilados con 40 años de cotización han elevado la presión sobre el Congreso de los Diputados para acelerar la aprobación de la ley que elimina los recortes en sus pensiones. La asociación Asjubi40 ha expresado su preocupación por los retrasos en la tramitación legislativa, advirtiendo que «cada segundo que se retrase agrava la injusticia» y que sus afiliados «no tienen tiempo» para esperar más.
La organización ha hecho hincapié en que el texto definitivo no debe excluir a ninguna persona que haya cotizado más de cuatro décadas, independientemente de que su jubilación haya sido voluntaria o no. Se trata de una cuestión de equidad para un colectivo que considera que ya ha sido penalizado de manera suficiente por las diferentes reformas del sistema de pensiones de los últimos años.
Esta iniciativa legislativa surge como respuesta a una demanda histórica de los prejubilados, quienes han denunciado durante años los efectos negativos de los coeficientes reductores que se aplican a sus pensiones cuando acceden a la jubilación anticipada. La normativa buscaría equiparar sus derechos al de otros trabajadores que han completado la misma trayectoria de cotización.
Desde Asjubi40 subrayan que la demora en la aprobación de la ley supone una dilación injustificada que afecta de manera directa a personas que, en muchos casos, ya se encuentran en edad avanzada. La urgencia del colectivo no es meramente administrativa, sino que responde a la realidad vital de aquellos que dependen de una pensión adecuada para su subsistencia y que ven cómo cada mes que pasa sin resolución legislativa les causa un perjuicio económico irreversible.
La reforma ha contado con un amplio apoyo tanto en el ámbito social como en la esfera política, reconociendo la injusticia que supone aplicar reducciones permanentes a trabajadores que han cumplido con sus obligaciones contributivas. No obstante, la complejidad de la tramitación parlamentaria y la necesidad de consenso entre diferentes grupos han ralentizado su progreso.