
Italia aprueba un decreto que limita al 30% los alumnos sin dominio del italiano y prohíbe el burka en las aulas
El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado un decreto que restringe la presencia de estudiantes extranjeros con escaso dominio del italiano en las aulas italianas. La normativa también veta el uso del burka y el niqab en los centros educativos.
Isa es-tv
El Ejecutivo de Giorgia Meloni ha dado luz verde este jueves a un decreto que establece límites significativos para la integración educativa de estudiantes extranjeros en Italia. La medida principal fija un techo del 30% de alumnos por aula que no dominen adecuadamente la lengua italiana, buscando garantizar, según argumenta el Gobierno, una mejor calidad educativa y una integración más efectiva en las aulas.
Esta restricción afecta principalmente a menores extranjeros que llegan al país sin un conocimiento suficiente del italiano como lengua de instrucción. El decreto contempla que las administraciones educativas deban gestionar la distribución de estos alumnos en los centros escolares, evitando concentraciones superiores al umbral establecido.
Además de las limitaciones sobre el alumnado extranjero, el decreto aprobado por el Gobierno italiano incluye una prohibición explícita del uso de prendas como el burka y el niqab dentro de los establecimientos educativos. Esta medida forma parte de una línea política más amplia del Ejecutivo de Meloni respecto a cuestiones de integración e identidad cultural.
La normativa se enmarca dentro de la política de inmigración más restrictiva que ha caracterizado al Gobierno italiano desde su llegada al poder. Las medidas buscan, según defiende el Ejecutivo, equilibrar los derechos de los estudiantes italianos con la necesidad de una integración ordenada de la población extranjera en el sistema educativo nacional.
Esta decisión probablemente generará debate tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto donde la política migratoria sigue siendo uno de los temas más sensibles en Europa. Las organizaciones de defensa de derechos humanos y los colectivos de inmigrantes ya han comenzado a cuestionar la proporcionalidad y la eficacia de este tipo de restricciones en el ámbito educativo.
