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El Gobierno rebaja sus exigencias y obligará a mantener cobertura móvil cuatro horas al 75% de la población en caso de apagón

El Gobierno rebaja sus exigencias y obligará a mantener cobertura móvil cuatro horas al 75% de la población en caso de apagón

El Ejecutivo ha reducido sus requisitos iniciales tras la presión de las operadoras de telecomunicaciones por los costes de inversión que supondría garantizar una cobertura más amplia durante cortes de energía.

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Jorge es-tv

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El Gobierno ha decidido rebajar sus exigencias iniciales respecto a las obligaciones que impondrá a las operadoras de telecomunicaciones en caso de un nuevo apagón generalizado. Según ha podido saberse, el Ejecutivo obligará a mantener la cobertura móvil durante cuatro horas al 75% de la población cuando se produzca un corte de energía, una medida que busca garantizar las comunicaciones de emergencia sin sobrecargar desproporcionadamente a las 'telecos' con inversiones masivas.

Esta decisión llega tras meses de negociaciones entre el Gobierno y las principales operadoras del país, que habían manifestado su preocupación por los elevados costes que supondría cumplir con requisitos más exigentes. Las compañías de telecomunicaciones argumentaban que dotar a sus infraestructuras de sistemas de respaldo suficientemente robustos para mantener la cobertura en un porcentaje mayor de población o durante más tiempo requeriría inversiones significativas.

Una exigencia más moderada que la inicial

El compromiso alcanzado representa un punto medio entre las pretensiones del Ejecutivo y las limitaciones técnicas y económicas denunciadas por el sector privado. Los cuatro horas de cobertura garantizada al 75% de la población permitirían mantener activos los servicios de emergencia y las comunicaciones críticas durante el período más delicado de un apagón masivo, cuando la población tendría mayores dificultades para conectar con servicios de socorro.

Esta medida se enmarca en las acciones que el Gobierno pretende implementar para mejorar la resiliencia del país ante posibles crisis de suministro eléctrico, como la que se experimentó en octubre de 2023. En aquella ocasión, la caída de las telecomunicaciones dejó a amplios sectores de la población sin capacidad de comunicación durante varias horas, evidenciando la vulnerabilidad de las infraestructuras de conectividad.

La implementación de esta obligación requerirá que las operadoras instalen y mantengan sistemas de alimentación de respaldo en sus estaciones base, generalmente mediante baterías de larga duración o generadores diésel. Aunque el requisito es menos ambicioso que lo que el Ejecutivo planteaba en un principio, sigue representando una inversión considerable para el sector de las telecomunicaciones en España.